Informe «ACT for UHC»

El liderazgo político es fundamental para que la cobertura sanitaria universal (CSU) se convierta en una prioridad de la política sanitaria nacional y para asignar los recursos necesarios para su aplicación. Los datos son positivos, ya que la CSU ocupa un lugar central en las políticas y planes nacionales de salud de la mayoría de los Estados Miembros de la OMS (el 90 %, 168 de 187). Una amplia mayoría (el 86 %, 160 de 187) cuenta con objetivos cuantificables de CSU, y alrededor de dos tercios de ellos (el 68 %, 128 de 187) realizan un seguimiento activo de dichos objetivos mediante mecanismos de seguimiento y evaluación basados en los resultados. 

Para lograr la salud para todos se necesitan sistemas de salud que lleguen a toda la población, en particular a las personas más vulnerables y marginadas. Los datos desglosados facilitan este objetivo, ya que permiten comprender con mayor precisión las necesidades específicas de la población, ponen de manifiesto las desigualdades y facilitan la asignación selectiva de recursos. Los Estados Miembros de la OMS han avanzado en la promoción de la equidad en salud en los marcos legislativos, utilizando indicadores sustitutivos para evaluar el acceso no discriminatorio. Por ejemplo, la mayoría de los Estados Miembros de la OMS (el 94 %, 123 de 131) garantizan el acceso a los servicios de salud esenciales a las personas no nacionales, independientemente de su situación migratoria. Sin embargo, persisten las desigualdades en la cobertura de la salud materna, neonatal e infantil y de los servicios de salud reproductiva y sexual, ya que los hogares más ricos y las poblaciones urbanas tienen una mayor cobertura de servicios que los hogares más pobres y las poblaciones rurales. Dado que solo la mitad de los Estados Miembros de la OMS comunican datos desglosados sobre la desigualdad en los informes de estadísticas de salud, la capacidad para identificar quiénes se están quedando atrás es limitada. 

Los marcos jurídicos y normativos constituyen la base de la cobertura sanitaria universal (CSU), ya que determinan la forma en que los países garantizan el acceso a los servicios sanitarios esenciales y protegen el derecho a la salud. Una proporción considerable de los Estados Miembros de la OMS (el 78 %, es decir, 140 de 180) cuentan con derechos constitucionales explícitos a la salud, pero estas disposiciones no siempre se traducen en derechos concretos que se hagan realidad mediante la acción legislativa y la interpretación judicial. Otro indicio del reconocimiento del derecho a la salud se observa en los 106 Estados Miembros de la OMS que proporcionan información sobre los paquetes de prestaciones sanitarias a nivel nacional como parte de sus principales planes gubernamentales de financiación de la salud, ya que dichos paquetes son un paso necesario para definir la cobertura sanitaria. Sin embargo, estos resultados solo reflejan las normas de acceso a los derechos y no el acceso real ni la asequibilidad. Además, existen diferencias significativas, siendo la cobertura más alta en los países de ingresos altos (95 %, 30 países) y de ingresos medios-altos (87 %, 28 países), en comparación con el 66 % en los países de ingresos medios-bajos (34 países) y el 58 % en los países de ingresos bajos (13 países). 

Impulsar estrategias de salud digital desde una perspectiva de equidad y derechos humanos es importante para eliminar las barreras que afectan a los grupos marginados. Una vez más, el nivel de ingresos de un país se correlaciona con el grado de avance: el 46 % de los países de ingresos altos (22 de 48) implementan estrategias de salud digital desde una perspectiva de equidad y derechos humanos y abordan las brechas en el acceso y los resultados para los diferentes grupos de población. Un tercio de los países de bajos ingresos (el 38 %, siete de 16) no tiene en cuenta la equidad y los derechos humanos a la hora de desarrollar estrategias y programas de salud digital, mientras que el 37 % (13 de 35) de los países de ingresos medios-bajos considera las implicaciones en materia de equidad y derechos humanos en el desarrollo y la implementación de estrategias de salud digital, pero no cuenta con una estrategia para abordar las disparidades en el acceso y los resultados para los diferentes grupos de población.

Los trabajadores sanitarios y de cuidados constituyen la columna vertebral de unos sistemas de salud equitativos y resilientes. Por lo tanto, es esencial invertir en las personas que cuidan de los demás garantizando una contratación, distribución y retención adecuadas, mejorando sus condiciones de trabajo y velando por su seguridad. En general, se observan avances positivos en estos aspectos, aunque cabe señalar que la mayoría de los indicadores se centran en los marcos institucionales —como la adopción de políticas y leyes, y no en su aplicación— y en el número de trabajadores sanitarios y de cuidados, y no en la calidad de la atención prestada.

A nivel mundial, la densidad de médicos y personal de enfermería aumentó de forma constante entre 2013 y 2022. Sin embargo, este crecimiento oculta unas disparidades cada vez mayores —especialmente en el personal de enfermería— entre los países de ingresos altos y bajos, agravadas por la pandemia de COVID-19. En 2022, la densidad de personal de enfermería en los países de ingresos altos se situó en 105 por cada 10 000 habitantes: un aumento con respecto a los niveles previos a la pandemia (98 en 2019). En los países de ingresos bajos, el valor medio de la densidad de personal de enfermería fue de 8,1 por cada 10 000 habitantes en 2022, lo que supone una disminución con respecto a los 9,6 de 2019.

La migración de los trabajadores sanitarios también afecta a la disponibilidad de personal sanitario, ya que se estima que el 15 % de los trabajadores sanitarios y de cuidados trabajan fuera de su país de nacimiento o de su primera titulación profesional. En general, se observa un avance en la atención que los países prestan a la migración internacional de los trabajadores sanitarios y de cuidados. Entre 2012 y 2024, se ha duplicado el número de Estados Miembros que informan sobre el Código de Prácticas de la OMS para la Contratación Internacional de Personal Sanitario (53 en 2012, 105 en 2024). En 2024, aproximadamente el 90 % de los Estados Miembros (175 de 194) han establecido autoridades para supervisar la aplicación del Código. Entre 2012 y 2024, el número de Estados Miembros que informaron de que estaban tomando medidas para aplicar el Código también se duplicó (35 en 2012, 71 en 2024). Las mejoras también son evidentes en los acuerdos formales sobre la contratación internacional y la migración del personal sanitario, ya que 44 de 105 Estados Miembros (42 %) informaron de la existencia de acuerdos bilaterales o multilaterales en 2024, en comparación con 30 de 80 Estados Miembros (38 %) en 2021.

En cuanto a las condiciones de trabajo y la seguridad de los trabajadores sanitarios y de cuidados, el 96 % de los Estados Miembros de la OMS (173 de 181) cuentan, total o parcialmente, con leyes y políticas para regular los salarios mínimos, mientras que el 78 % (80 de 102) de ellos disponen de mecanismos normativos para promover la seguridad de los trabajadores sanitarios.

Para alcanzar la cobertura sanitaria universal (CSU) en 2030 será necesario realizar inversiones sustanciales en salud y ofrecer una mayor protección financiera a las poblaciones marginadas y vulnerables. La priorización del gasto sanitario puede analizarse desde múltiples perspectivas, entre ellas la proporción del gasto sanitario en el producto interior bruto (PIB) y la asignación de fondos a la salud como porcentaje de los presupuestos públicos, el gasto público en salud per cápita, la protección financiera y las fuentes de financiación. 

A nivel mundial, el gasto público nacional en salud ha crecido modestamente desde el año 2000, con un aumento notable en todos los grupos de países según su nivel de ingresos en el punto álgido de la pandemia de COVID-19. Persisten diferencias considerables per cápita, ya que los países de ingresos altos gastan aproximadamente 2.678 dólares estadounidenses, frente a los 8,7 dólares de los países de ingresos bajos (2022). La previsibilidad y la sostenibilidad de la financiación también son motivo de preocupación entre los países de ingresos bajos y medios-bajos, que dependen de manera relativamente significativa de la ayuda externa: un 31 % en los países de ingresos bajos y un 17 % en los de ingresos medios-bajos (2022).

Los avances en materia de protección financiera también son evidentes: el gasto de bolsillo como porcentaje del gasto sanitario corriente muestra una tendencia a la baja a largo plazo entre 2000 y 2022, y en 2022 sigue siendo inferior al registrado antes de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el gasto de bolsillo sigue siendo elevado en los países de ingresos bajos (43 % del gasto sanitario corriente en 2022) y en los de ingresos medios-bajos (39 % del gasto sanitario corriente en 2022).

El verdadero avance hacia la cobertura sanitaria universal (CSU) se produce cuando todos tienen voz y voto. La inclusión de la sociedad civil y las comunidades —incluidos los jóvenes, las mujeres y el sector privado— en la toma de decisiones gubernamentales garantiza que las políticas y los programas respondan a las necesidades de la población y genera confianza en la acción pública.

Los avances en materia de gobernanza inclusiva y participativa en los Estados Miembros de la OMS siguen siendo limitados. En 2024, solo el 20 % de los Estados Miembros de la OMS (38 de 192) fueron clasificados como «abiertos» en la Clasificación del Espacio Cívico, lo que supone un descenso con respecto al 22 % de 2018 (43 de 192). Por otro lado, el 26 % de los Estados miembros de la OMS se clasificaron como «reprimidos» (50 de 192), frente al 18 % en 2018 (34 de 192). La participación ciudadana en los procesos presupuestarios se mide mediante la puntuación de participación pública de la Encuesta sobre Presupuestos Abiertos, que refleja si la participación ciudadana en los procesos presupuestarios es escasa (0-40), limitada (41-60) o adecuada (61-100). La media mundial ha aumentado de 12 a 15 (sobre 100) desde 2017. Sin embargo, esta puntuación —basada en datos de 124 Estados Miembros de la OMS— indica que existen pocas oportunidades para la participación ciudadana en los procesos presupuestarios. 

Aunque estos resultados no se refieren específicamente a la salud, ofrecen una perspectiva del entorno más amplio de la gobernanza inclusiva y participativa a través de la participación social.

Para avanzar hacia la cobertura sanitaria universal (CSU) se necesitan sistemas de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género y aborden de forma activa las normas y las desigualdades de género, con el fin de garantizar un acceso equitativo para todas las personas, incluidas las mujeres, los hombres y las personas de género diverso. La integración de las consideraciones de género en las políticas y los programas de salud, así como la recopilación de datos desglosados por género, son fundamentales para identificar y abordar las barreras que perpetúan la discriminación y el acceso desigual a la atención sanitaria.

A nivel mundial, la situación y los avances en la existencia de leyes y reglamentos que garanticen el acceso pleno e igualitario a los servicios de salud sexual y reproductiva son relativamente elevados, tanto en lo que respecta a los servicios de planificación familiar como a la atención materna. Sin embargo, la cobertura de los servicios de anticonceptivos y planificación familiar muestra una mejora limitada, con un aumento de un punto porcentual entre 2019 (74 % de las mujeres en edad reproductiva cubiertas, promedio de los 184 Estados Miembros de la OMS) y 2023 (75 % de las mujeres en edad reproductiva cubiertas, promedio de los 184 Estados Miembros de la OMS). 

La presentación de datos sobre el personal sanitario desglosados por género sigue siendo limitada. Estos datos son esenciales para diseñar políticas transformadoras y equitativas, especialmente dado que las mujeres representan la gran mayoría del personal sanitario y asistencial, pero siguen estando infrarrepresentadas en los puestos de liderazgo sanitario y político. 

La cobertura sanitaria universal y la seguridad sanitaria mundial son objetivos que se refuerzan mutuamente: los sistemas de salud que prestan servicios esenciales a toda la población están en mejores condiciones de prevenir, detectar y responder a las emergencias de salud pública, al tiempo que están mejor preparados para mantener la prestación de los servicios rutinarios. La pandemia de COVID-19, junto con amenazas emergentes como el cambio climático y los conflictos, ha puesto de relieve la necesidad de contar con sistemas de salud capaces de mantener los servicios esenciales tanto en situaciones de crisis como de calma. En respuesta a ello, los países están adoptando medidas para fortalecer las capacidades de preparación ante pandemias e integrar las consideraciones sanitarias en las estrategias de adaptación al clima y resiliencia.

Casi el 100 % de los Estados Miembros informan ahora sobre el Reglamento Sanitario Internacional (RSI). La puntuación global de la capacidad básica del RSI, que refleja la capacidad de un país para prevenir, detectar y responder a los riesgos y emergencias de salud pública, se mantuvo relativamente estable durante el período de la pandemia de COVID-19 y el período posterior a la pandemia, en torno al 64 % (193 de los 194 Estados Miembros de la OMS, 2024). La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto vulnerabilidades en la continuidad de los servicios de salud esenciales, con una disminución de la cobertura de inmunización sistemática (como lo demuestran las vacunas contra la difteria, el tétanos y la tos ferina y la primera dosis de la vacuna contra el sarampión) en 2019, aunque algunas regiones superarán los niveles previos a la pandemia para 2024. 

El creciente impacto del cambio climático en los sistemas de salud ha llevado a los países a integrar las consideraciones sanitarias en sus estrategias climáticas nacionales. Como resultado, el 91 % de las contribuciones determinadas a nivel nacional (175 de 193 Partes) reconocen ahora la salud como una prioridad. Esto indica un creciente reconocimiento del cambio climático como una amenaza para la salud mundial y un avance hacia una resiliencia climática que incluya la salud.