Participación social

UHC2030 fomenta la participación social para garantizar la rendición de cuentas. La participación social consiste en empoderar a las personas, las comunidades y la sociedad civil mediante una participación inclusiva en los procesos de toma de decisiones a lo largo de todo el ciclo de políticas y en todos los niveles del sistema.

La participación social es fundamental para garantizar unos servicios de salud centrados en las personas y construir sistemas de salud equitativos y resilientes que respondan a las necesidades de las personas y las comunidades, en particular de aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y marginación. Es la clave para cerrar las brechas en el acceso a los servicios y hacer frente a la lucha diaria de miles de millones de personas en todo el mundo a quienes se les niega el derecho fundamental a la salud, el bienestar y la dignidad. 

Una gobernanza más inclusiva a través de la participación social también sienta las bases para generar confianza en las políticas y programas de salud pública, lo cual es indispensable para obtener mejores resultados tanto en tiempos de crisis como en épocas de calma. 

Aunque los gobiernos tienen la responsabilidad principal de garantizar la salud de las personas, no pueden por sí solos lograr la salud para todos. En 2024, los Estados Miembros de la OMS adoptaron la Resolución sobre la participación social para la cobertura sanitaria universal, la salud y el bienestar. Al hacerlo, reconocieron la importancia de una participación social regular y significativa para garantizar la rendición de cuentas y la legitimidad de los esfuerzos de fortalecimiento de los sistemas de salud y de cobertura sanitaria universal. Los gobiernos deben ahora ejercer la voluntad política y el liderazgo necesarios para traducir la resolución en acciones nacionales, con estrategias, hitos y plazos claros. 

El documento técnico de la OMS, «Participación social para la cobertura sanitaria universal», describe las medidas prioritarias recomendadas para que los Estados Miembros institucionalicen la participación social en los procesos de toma de decisiones en materia de salud.