From commitment to action: why 2027 must mark the turning point for universal health coverage

Publicado originalmente en The Lancet Global Health

Cuando al hijo de un hombre de 48 años que vive en una comunidad rural de África le diagnosticaron una hernia, el padre tuvo que posponer la operación de su hijo hasta que le llegara la nómina, y recuerda: «No podía pedir dinero prestado, y el médico no quería operarlo a crédito. Me vi obligado a esperar». Este testimonio es solo uno de los muchos que figuran en el informe de 2025 de la CSU2030 titulado «Del compromiso a la acción: un sistema de seguimiento de la acción hacia la cobertura sanitaria universal (ACT for UHC)».

Los datos y testimonios de este informe muestran que, aunque el compromiso político con la cobertura sanitaria universal (CSU) se está reforzando, es hora de una transformación fundamental de los sistemas de salud para que sean equitativos y resilientes. Durante la Reunión de Alto Nivel sobre la CSU de 2023, los líderes mundiales renovaron su compromiso con la CSU, prometiendo que, para 2030, todas las personas, en cualquier lugar, tendrían acceso a servicios de salud de calidad sin dificultades financieras. Tres años después, la evidencia es contundente: no vamos por buen camino.

Aunque la proporción de la población mundial que no cuenta con cobertura de servicios de salud esenciales disminuyó en un 20 % entre 2000 y 2023, unos 4.600 millones de personas en todo el mundo siguen sin tener acceso a servicios de salud esenciales. A pesar de la disminución de la tasa de dificultades financieras impulsada por la reducción de la pobreza mundial, el crecimiento demográfico ha provocado un aumento neto del número de personas que se encuentran en dificultades financieras. En 2022, alrededor de 2100 millones de personas en todo el mundo pertenecían a hogares que se encontraban en dificultades financieras debido a los gastos sanitarios a cargo del paciente.

El informe «ACT for UHC» de 2025 documenta avances reales. Casi todos los Estados miembros de la OMS han situado la CSU en el centro de las políticas nacionales de salud. Hoy en día, 140 países reconocen el derecho a la salud en sus constituciones. La legislación que protege a los trabajadores sanitarios está ahora muy extendida. Los países están reforzando su capacidad para prevenir, detectar y responder a las emergencias de salud pública, y el 91 % de las estrategias nacionales sobre el clima reconocen ahora la salud como una prioridad.

Sin embargo, estos logros aún no se han traducido en un acceso equitativo a servicios de salud de calidad y a una protección financiera adecuada, y persisten fuertes disparidades. Los países de ingresos altos gastan 2678 dólares estadounidenses per cápita en salud, en comparación con solo 8,70 dólares en los países de ingresos bajos. El gasto de bolsillo representa el 43 % del gasto nacional en salud en los países de ingresos bajos y el 39 % en los de ingresos medios-bajos, lo que atrapa a millones de personas en la pobreza cuando les sobreviene una enfermedad. Además, los medicamentos siguen representando más de la mitad del gasto de bolsillo en salud en la mayoría de los países.

Quizás lo más preocupante sea el agravamiento de las desigualdades. Aunque las diferencias en la cobertura de los servicios entre países se están reduciendo, las desigualdades en el acceso a la atención siguen arraigadas dentro de los propios países. La igualdad de género en materia de salud ha avanzado poco e incluso se han revertido los logros anteriores, ya que las mujeres que viven en la pobreza en zonas rurales y con niveles de educación más bajos declaran tener más dificultades para acceder a la atención en comparación con otros grupos, y poco ha cambiado en la última década. Persisten las diferencias entre los hogares ricos y pobres y entre las poblaciones urbanas y rurales.

Una crisis de personal sanitario agrava estos retos. Mientras que la densidad de personal de enfermería en los países de ingresos altos aumentó de 98 por cada 10 000 personas a 105 por cada 10 000 personas entre 2019 y 2022, en los países de ingresos bajos disminuyó de 9,6 por cada 10 000 personas a 8,1 por cada 10 000 personas. La escasez prevista de 1,1 millones de profesionales sanitarios a nivel mundial se concentra en 55 países, 37 de los cuales se encuentran en África.

Estas desigualdades son el resultado previsible de sistemas que no dan prioridad a la inclusión y la equidad. Solo el 20 % de los países se clasifican actualmente como países con un espacio cívico abierto para la participación en la gobernanza, frente al 22 % en 2018, mientras que aquellos con espacios cívicos categorizados como reprimidos han aumentado del 18 % al 26 %. Las estrategias de salud digital —que podrían salvar las brechas de acceso— son menos avanzadas en los países que más las necesitan: solo el 38 % de los países de bajos ingresos está desarrollando estas estrategias teniendo en cuenta la equidad y los derechos humanos.

Una barrera crucial para el progreso es la escasez de datos desglosados. Solo la mitad de los Estados miembros de la OMS incluyen datos sobre desigualdad en sus estadísticas de salud, lo que hace imposible identificar quién se queda atrás y diseñar intervenciones específicas. Sin datos desglosados por género, situación socioeconómica, ubicación geográfica y otros factores clave de estratificación, las mujeres, los hogares de bajos ingresos, las comunidades rurales y las poblaciones marginadas seguirán siendo invisibles en la planificación de los sistemas de salud y la prestación de la atención.

La Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la CSU de 2027 determinará si la promesa de salud para todos sigue siendo creíble. Más allá de una reafirmación de los compromisos anteriores, debe dar lugar a una Declaración Política ambiciosa y orientada a la acción, con objetivos cuantificables, compromisos de inversión y mecanismos de rendición de cuentas. Con ese fin, la CSU2030 ha identificado seis áreas prioritarias: 

1. Impulsar una nueva generación de reformas de la atención primaria de salud basadas en la equidad y centradas en las personas;
2. Ampliar la protección financiera mediante una financiación nacional sostenible y abordar el elevado gasto de bolsillo en medicamentos;
3. Abordar la escasez de personal sanitario;
4. Hacer que los sistemas de salud sean resilientes al cambio climático, las pandemias y los conflictos;
5. Aprovechar la transformación digital y la inteligencia artificial de manera que se reduzcan las desigualdades y se mejore el acceso; e
6. Institucionalizar una gobernanza inclusiva y participativa que dé voz a las comunidades en las decisiones que afectan a su salud.

Las bases de la CSU están sentadas: es hora de construir sobre ellas para obtener resultados equitativos y sostenibles. Alcanzar este objetivo requiere dar prioridad a la equidad y la inclusión, invertir en sistemas que sirvan a todos y medir el progreso no por las políticas adoptadas, sino por las vidas transformadas.

Declaramos que no existen conflictos de intereses y agradecemos a Laetitia Bosio su apoyo en la redacción.